Sordo el Gobierno ante las leyes ambientales
lunes, 21 de julio de 2003
Por Camile Roldán Soto
End.croldan@elnuevodia.com
EL REVUELO que causó la tala de 264 árboles en Carolina
reafirmó el reclamo de los grupos ambientalistas en torno
al Corredor del Este y el llamado a tomar acciones urgentes para
mejorar la política ambiental en Puerto Rico.
La crítica principal de los grupos es que los gobiernos prometen
velar por las leyes ambientales, pero al final no supervisan los
trabajos y terminan adecuando las construcciones para el beneficio
de los grandes desarrollos. "La situación ambiental
en el país es crítica y urgente. Tenemos administraciones
de gobierno que no acaban de comprender que hay que tomar decisiones
radicales y urgentes porque el país no aguanta más",
dijo Wanda Colón, ambientalista activa y miembro del consejo
asesor sobre asuntos ambientales de la Gobernadora.
Al igual que otros ambientalistas, Colón dijo que se entristece
al ver que "la señora Calderón se comprometió
y creo un montón de expectativas y lamentablemente esta administración
es igual o peor que la de Rosselló. Es lo mismo de siempre".
La activista sostuvo que de nada valen los organismos de consulta
cuando no van acompañados de un compromiso a escuchar y fomentar
la implantación de ideas creativas para los problemas de
Puerto Rico.
Juan Rosario, líder de Misión Industrial, opinó
que "es grave pensar que el problema es la falta de conciencia.
El problema es lo que se hace. Hay que buscar alternativas diferentes
para crecer". En cuanto a la Ruta 66, los ambientalistas también
criticaron que, después de tanto prometer, la actual administración
siguió los mismos pasos que tanto criticó cuando el
Partido Nuevo Progresista (PNP) estaba en el poder.
"Confiamos en que este gobierno iba a ser diferente. Pero se
comportó idéntico. La ruta no tiene ninguna diferencia
y promueve el desparramamiento de la misma forma", advirtió
Rogelio Figueroa, líder del grupo Puertorriqueños
por Puerto Rico, una organización de base política
pero enfocada en el desarrollo sostenible de Puerto Rico. Figueroa
criticó que ambos gobiernos, el popular y el novoprogresista,
responden a los intereses de los desarrolladores al permitir la
construcción de urbanizaciones y centros comerciales que,
a su juicio, fomentarán aún más el uso del
automóvil y aumentarán el tráfico.
La alternativa que presentaron las comunidades antes de que comenzara
el proyecto era convertir la carretera número 3, que va de
Carolina al este del país, en un expreso.
El proyecto planteaba la construcción de puentes elevados
sobre la carretera número 3 y el uso del transporte colectivo.
"El Gobierno dice que hay que construir otras vías porque
las existentes están congestionadas. Pero ese diseño
lo que hace es abrir el sur de Carolina y Canóvanas y, eventualmente,
a Río Grande al desparramamiento urbano", dijo Rogelio
Figueroa.
Insistió en que la construcción de la ruta "nunca
debió haber comenzado. Todavía estamos a tiempo para
frenarla", puntualizó.
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